Una proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara Mauricio Toro busca garantizar la seguridad social y los seguros a quienes trabajen con plataformas como Uber y Rappi.
Una proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara Mauricio Toro busca garantizar la seguridad social y los seguros a quienes trabajen con plataformas como Uber y Rappi.
La incertidumbre jurídica que rodea a las plataformas digitales no solo gira en torno a si sus servicios son ilegales o no, si no a través del empleo informal que generan. Para formalizar a esos trabajadores, el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde) radicó un proyecto de ley que pretende regular la relación contractual de las personas que prestan sus servicios a través de plataformas digitales.
Quienes se vuelven miembros de aplicaciones como Uber, Uber Eats, Rappi y Didi reciben ingresos que no están categorizados como un contrato laboral o de prestación de servicios, lo que no genera garantía de aportes en seguridad social.
“Lo que plantea la iniciativa es crear una forma de contratación especial que se acoja a la realidad digital, protegiendo los derechos de los trabajadores o colaboradores y dando estabilidad a las plataformas digitales”
Mauricio Toro
En otros países el tema está chequeado hace varios años, aunque no del todo. En San Francisco (Estados Unidos) donde están basadas las principales compañías de la economía compartida, el Senado de California aprobó recientemente una ley que están tratando de reversar empresas como Uber y Lyft porque las obliga a clasificar a sus conductores como empleados directos y no como contratistas independientes a partir de 2020.
En el caso de Colombia, la iniciativa legislativa que según Toro ha sido concertada con varios sectores, propone crear la categoría de colaborador autónomo, que se refiere a personas que prestan servicios a clientes finales a través de una o varias plataformas de economía colaborativa por cuenta propia y con recursos propios, lo que garantizaría el acceso y a portes al sistema de seguridad social integral.
La propuesta es que los colaboradores autónomos que presten sus servicios a través de las plataformas digitales de economía colaborativa deben estar afiliados en calidad de independientes al régimen de seguridad social; a una EPS, a una ARL, a una AFP, sin perjuicio de su vinculación a varias plataformas o encontrarse afiliado de manera simultánea en calidad de independiente.
El colaborador autónomo asumirá la afiliación y aportes a la EPS y a la AFP pero cuando el ingreso base de cotización sea mayor a un salario mínimo, las plataformas podrán hacer la retención y giro de los aportes al sistema a través de la planilla de liquidación de aportes (PILA), a nombre del colaborador autónomo.
Las plataformas tendrán que asumir la afiliación y aportes a la ARL y el pago de seguros. Todas las cotizaciones serán liquidadas mes vencido en atención a la totalidad de ingresos mensuales que perciba una o varias plataformas.
La incertidumbre jurídica que rodea a las plataformas digitales no solo gira en torno a si sus servicios son ilegales o no, si no a través del empleo informal que generan. Para formalizar a esos trabajadores, el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde) radicó un proyecto de ley que pretende regular la relación contractual de las personas que prestan sus servicios a través de plataformas digitales.
Quienes se vuelven miembros de aplicaciones como Uber, Uber Eats, Rappi y Didi reciben ingresos que no están categorizados como un contrato laboral o de prestación de servicios, lo que no genera garantía de aportes en seguridad social.
En otros países el tema está chequeado hace varios años, aunque no del todo. En San Francisco (Estados Unidos) donde están basadas las principales compañías de la economía compartida, el Senado de California aprobó recientemente una ley que están tratando de reversar empresas como Uber y Lyft porque las obliga a clasificar a sus conductores como empleados directos y no como contratistas independientes a partir de 2020.
En el caso de Colombia, la iniciativa legislativa que según Toro ha sido concertada con varios sectores, propone crear la categoría de colaborador autónomo, que se refiere a personas que prestan servicios a clientes finales a través de una o varias plataformas de economía colaborativa por cuenta propia y con recursos propios, lo que garantizaría el acceso y a portes al sistema de seguridad social integral.
La propuesta es que los colaboradores autónomos que presten sus servicios a través de las plataformas digitales de economía colaborativa deben estar afiliados en calidad de independientes al régimen de seguridad social; a una EPS, a una ARL, a una AFP, sin perjuicio de su vinculación a varias plataformas o encontrarse afiliado de manera simultánea en calidad de independiente.
El colaborador autónomo asumirá la afiliación y aportes a la EPS y a la AFP pero cuando el ingreso base de cotización sea mayor a un salario mínimo, las plataformas podrán hacer la retención y giro de los aportes al sistema a través de la planilla de liquidación de aportes (PILA), a nombre del colaborador autónomo.
Las plataformas tendrán que asumir la afiliación y aportes a la ARL y el pago de seguros. Todas las cotizaciones serán liquidadas mes vencido en atención a la totalidad de ingresos mensuales que perciba una o varias plataformas.
De acuerdo con Toro, a diferencia de un contrato laboral que conlleva subordinación, exclusividad y horarios fijos, en esta nueva modalidad los colaboradores pueden tener autonomía y flexibilidad en los horarios.
Nota de Forbes: https://forbes.co/2019/11/18/politica/proyecto-para-regular-trabajo-en-plataformas-digitales/