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¡Nos mamamos de los aviones! De los aviones que abusan de los ciudadanos en todos lados. Hay aviones en las entidades públicas abusando, en los bancos, en las empresas de telecomunicaciones, en las notarías, en las aerolíneas, ¡hasta en las universidades! Y nada pasa! Porque las autoridades y politiqueros cuidan los intereses de los poderosos de siempre, de esos aviones que se acostumbraron a abusar de los ciudadanos sin pena y sin miedo porque nunca les pasa nada!
Por eso proponemos acabar con los aviones en varios sectores. Cada propuesta está orientada a terminar con un avión y un abuso contra los ciudadanos. Estas propuestas las construimos de la mano con los ciudadanos, por eso cualquier idea, propuesta o sugerencia es más que bienvenida
Proponemos acabar con los abusos a los contratistas de prestación de servicios, pues esta figura ha sido usada exageradamente para desconocer los derechos como descansos, vacaciones, honorarios equivalentes a salarios de planta, entre muchos otros abusos. El Estado tiene hoy más de 400 mil contratistas activos que cumplen funciones distintas a las que establece su contrato sin que reciban una remuneración a tiempo y con garantías mínimas como vacaciones, prima o licencias de maternidad.
Proponemos fortalecer la educación superior y vocacional, reformando el SENA y vigilando las instituciones técnicas para que sus programas cumplan con los estándares de calidad, para que los estudiantes realmente reciban la educación que requieren para cumplir las expectativas de las empresas y el mercado laboral. Reglas claras para acabar con las instituciones de garaje, que roban a los estudiantes. En Colombia el desempleo juvenil es del 22% en promedio, una de las más altas de la región. Los jóvenes demandan mayor y mejor educación y oportunidades ante la crisis social.
Proponemos liquidar y reemplazar el ICETEX por el Fondo Nacional para la Promoción y el Talento Colombiano, una entidad de carácter público que ofrezca tasas de interés cercanas al IPC, sin capitalización de intereses y con esquemas de pago contingente de acuerdo a los ingresos de los deudores..
El ICETEX ha arruinado las finanzas y los proyectos de vida de cientos de jóvenes en el país. La reforma del Gobierno Uribe cambió la naturaleza del ICETEX, que pasó de una entidad de ayuda, a comportarse como un banco común y corriente. Hoy, hay más de 300 mil deudores, muchos de ellos con la incapacidad de pagar sus créditos debido a las altas tasas y la coyuntura económica, a quienes hay que defender, sumado a los escándalos de corrupción y enorme carga administrativa de la entidad
Proponemos que la vigilancia y control de las Universidades sea igual tanto para universidades públicas como privadas y que garantice la representación de todos los estudiantes en la elección de las directivas, democratizando las universidades y eliminando los excesivos costos administrativos. Pondremos fin a los casos de corrupción y abusos de las finanzas de las universidades públicas y privadas
Proponemos una reestructuración a la Dian, sus trámites y métodos de recaudo, para que sea una entidad que esté al servicio de los ciudadanos y empresarios con trámites sencillos y sin acosos al contribuyente. A diario los colombianos tienen que enfrentarse a una entidad compleja, que no brinda un acompañamiento claro y oportuno a los ciudadanos, costándoles tiempo y dinero. La DIAN debe ayudar a los ciudadanos para facilitar el pago de sus obligaciones tributarias, pero hoy en día es una entidad que dificulta todos sus trámites, que persigue, sanciona y se ensaña con los ciudadanos.
Proponemos reconfigurar el pago del IVA para que este se efectúe una vez se haya efectivamente pagado la compra de bienes y servicios. Hoy en día, los empresarios y emprendedores deben endeudarse con la banca para poder pagar el IVA que la DIAN les exige desde la venta, sin importar que el pago de los clientes se demore. Es una gran injusticia. Por eso el IVA se debe pagar cuando efectivamente se haya recibido el pago de la venta, no antes. El 22% de los empresarios se quejan de los problemas de liquidez. Por eso es necesario que el Estado les brinde mecanismos para que cuenten con más recursos económicos a la mano, verdadera liquidez sin necesidad de endeudarse a altas tasas en los bancos.
Proponemos simplificar y acabar la burocracia en los canales de financiamiento para emprendedores y mipymes, creando nuevos mecanismos para la solvencia económica de sus negocios y abriendo las puertas a la inversión privada. Permitir y facilitar métodos innovadores de financiación como crowdfunding, fondos de inversión para capital semilla o de alto riesgo, microfinanciación para emprendedores, entre otros que hoy en día son virtualmente imposibles, porque las normas son poco flexibles, y las autoridades como la SuperFinanciera no procuran tener mayor competencia en el sector financiero, cuidando el negocio a los mismos bancos de siempre. En Colombia, el 70% de los empresarios fracasan a los 5 años de vida, en gran parte por la falta de acceso a financiación.
Proponemos el fortalecimiento del acompañamiento institucional para que los emprendedores y microempresarios puedan encontrar nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional, utilizando herramientas como el soft-landing. Hoy los empresarios temen a los procesos de internacionalización porque desconocen los mercados y procesos, restandoles competitividad y generación de empleo. Las embajadas deben ser realmente centros de negocios para que los empresarios y emprendedores colombianos tengan puertas abiertas en todas partes del mundo, en vez de seguir siendo cuotas burocráticas e ineficientes.
Proponemos la Ley de Endometriosis Colombia para saldar la deuda que se tiene con miles de mujeres que sufren esta enfermedad y tienen un deterioro en su calidad vida.
La ley contempla mecanismos de atención y diagnóstico oportuno, capacitación al talento humano y sensibilización a la población.
La Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (ASOCOEN) calcula que en Colombia hay aproximadamente 2 millones de mujeres que padecen endometriosis.
Proponemos hacer obligatoria la capacitación a docentes en primeros auxilios psicológicos y apoyo a primera infancia, con el objetivo de sensibilizar y prevenir los trastornos mentales en la población joven.
De igual manera, consideramos pertinente acercar los mecanismos de atención a los pacientes creando y poniendo a disposición de la ciudadanía líneas de atención basadas en tecnologías como la inteligencia artificial, para que de manera oportuna y eficiente puedan recibir tratamiento.
El 40% de la población Colombiana ha sufrido alguna vez en su vida de un trastorno mental.
Acabar con las Notarías y reemplazarlas por tecnología, centralizada en una sola entidad
Proponemos reemplazar las notarías por las nuevas tecnologías, como el blockchain, que permiten tener todos los trámites a un click de distancia. Basta ya de retraso en la ciudadanía digital. Las notarías se han convertido en un nido de corrupción en donde muchos casos se han usurpado tierras, falsificado documentos y donde una firma le cuesta tiempo y dinero a los ciudadanos. Hoy en día la tecnología puede suplir todas las funciones asignadas a las Notarías. Proponemos transformar la Superintendencia de Notariado y Registro en una entidad que centralice las funciones, usando tecnología, con presencialidad en todos los municipios donde la conectividad no sea eficiente.
Proponemos incluir la inteligencia artificial en la administración de justicia para descongestionar despachos, agilizar procesos y facilitar al ciudadano el acceso a la justicia con mecanismos y aplicaciones digitales que hagan más fácil y más rápido resolver un caso para el juez y el ciudadano. Una verdadera modernización y adopción de tecnología en la rama judicial. Se han gastado miles de millones en este propósito, y seguimos viendo los juzgados llenos de expedientes de papel con cabuya, sometidos a corrupción y “desaparición” de expedientes. Hoy en día hay procesos que demoran décadas en fallarse y en el mundo la inteligencia artificial ha demostrado ser un gran aliado para que esto no pase.
Proponemos implementar el uso obligatorio de contratos inteligentes basados en Blockchain para verificar la capacidad e idoneidad de los contratistas del Estado, así como el seguimiento oportuno en los contratos. La corrupción a Colombia le cuesta 50 billones cada año. Basta ya de plataformas obsoletas como el SIGEP y el SECOP que no cumplen con su función: prevenir la corrupción.
Proponemos dar un paso adelante en la regulación de las plataformas de transporte. Continuaremos con nuestra lucha para regular estas nuevas alternativas respetando el derecho de los ciudadanos a elegir en qué movilizarse, equilibrando la cancha entre conductores de plataformas y taxistas, acabando con los abusos policiales y avanzando hacia una ciudad inteligente.
La falta de voluntad política y un Congreso que se niega a innovar frente a una realidad como lo son las apps de transporte y que representan un ingreso para más de 300 mil personas, nos ha perjudicado durante más de 8 años. Tenemos que avanzar.
Proponemos un marco normativo que dé claridad sobre la relación contractual de las personas que trabajan en plataformas digitales y que les garantice el acceso a la seguridad social, a protección en caso de accidentes y tener un ingreso mínimo en caso de una incapacidad. Las plataformas digitales son una oportunidad, no podemos permitir que más de 200 mil personas que generan ingresos gracias a ellas caigan en una precarización y desprotección legal.
– Proponemos defender a los anfitriones para que puedan usar las apps de hospedaje sin que pueda ser prohibido por las Asambleas o Administraciones.
– Garantizaremos los derechos de propiedad privada para permitir el alquiler de propiedades con fines de hospedaje. Simplificar el registro nacional de turismo para anfitriones.
– Las plataformas de hospedaje ofrecen ingresos extras a 24mil colombianos y son aliados de la industria del turismos con más de 1millón y medio de usuarios.
Proponemos una regulación que habilite los exchanges o casas de cambio de criptomonedas en el país, para que los cientos de colombianos que transan con estos activos digitales lo puedan hacer libremente y sin trabas. Actualmente, Colombia está en el top 10 de los países con mayor adopción de criptomonedas en el mundo, no podemos seguir limitando su uso y negando una realidad: los criptoactivos llegaron para quedarse.
Proponemos implementar una política pública efectiva que supere las barreras para acceder a los derechos reconocidos por la Corte Constitucional en salud, matrimonio igualitario, justicia, familia y adopción. El Gobierno Nacional no le cumplió a las personas LGBTIQ+, y aún son muchos los escenarios de discriminación institucional.
Proponemos prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o los ECOSIEG (Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género). En Colombia una de cada cinco personas LGTBIQ+ ha sido sometida a algún tipo de terapia de conversión, siendo estas practicas clandestinas, que vulneran los derechos humanos y ponen en riesgo la vida y la salud mental de esta población. Basta de discriminación, es hora de prohibirlas y de aceptar la diversidad.
Proponemos reformar la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es una entidad que no protege realmente a los consumidores, sino que protege los intereses de los grandes grupos económicos. Debe ser una entidad que priorice los intereses y denuncias de los ciudadanos, actuando de oficio cuando los abusos a los ciudadanos son evidentes y de público conocimiento. Debe centralizarse la protección de los consumidores de todo tipo: aerolíneas, bancarios, servicios públicos y telecomunicaciones, comercio electrónico, garantías de bienes y servicios, etc. Hoy en día las competencias están regadas en distintas Superintendencias, y lo único que resulta es en inoperancia y desprotección del consumidor Adicionalmente, proponemos que la elección de los superintendentes responda a sus méritos y capacidades y no a los intereses económicos amparados por la burocracia.
Proponemos crear una política nacional de manejo de fuego, para prevenir incendios usando herramientas tecnológicas, y vigilar los usos legítimos del fuego. Obligar al Gobierno Nacional a crear mecanismos de participación ciudadana, prevención y acciones de respuesta eficientes y oportunas para la atención de los desastres.
En Colombia se pierden cada año más de 100 mil hectáreas de bosque afectando principalmente la región del Amazonas.
